LEY DE POBREZA ENERGETICA

El Proyecto Marcabrera concede una prioridad estratégica a su declarada política de responsabilidad social empresarial, donde, quien nos viene siguiendo, puede constatar nuestro compromiso y transparencia con la protección del medio ambiente, la colaboración con proyectos y entidades científicas, nuestras decididas acciones con grupos de voluntariado, familias, mayores o con personas con movilidad reducida a través de nuestro programa de “Un Mar para todos”.

Pero también quien nos sigue sabe que nuestro Proyecto implica posicionarse moral y éticamente ante eventos, acciones o circunstancias en la sociedad de la que nos sentimos parte y protagonistas, con el objetivo ser un referente en nuestro modelo de conducta e influir, en la medida de nuestras posibilidades, en un desarrollo más justo, más igualitario y ambientalmente sostenible en nuestro municipio. Todas nuestras decisiones empresariales están impregnadas de esta filosofía.

Este compromiso ético nos ha llevado ya en numerosas ocasiones a posicionarnos frente a decisiones políticas de ámbito autonómico y también nacional, y en esta ocasión debemos opinar sobre el reciente pacto que conocemos como diseño de la financiación del “bono social eléctrico”, o “Ley de Pobreza Energética”.

Sin duda si hubiese salido a la luz pública el 28 de diciembre todos los hubiesen interpretado como una broma de mal gusto de los “santos inocentes”. Pero la realidad no es esa, es mucho peor; no porque no solucione el problema, que en materia energética ya estamos suficientemente defraudados. Sino que utilizan las más básicas necesidades de nuestros congéneres como plataforma publicitaria sin ningún recato moral y muy lejos de los mínimos exigibles hacia una sociedad más justa. Tiene el mismo corte que la enardecida defensa del ministro de energía Soria cuando comentaba su “Impuesto al Sol” como única salvación para los autoconsumidores.

Sino como interpretar que un tema tan sensible y tan demandado desde hace años desde muchos sectores y actores políticos de nuestra sociedad se tramite tras una brevísima sesión informativa en el Congreso de los Diputados obstaculizando cualquier debate o participación, que no se tramitará como proyecto de Ley, ni será convalidado de inmediato así como vincular el futuro Real Decreto al desarrollo de un reglamento que se realizará en los próximos meses,……….., es decir, la única voluntad es la publicidad de algunos y mantener el “status quo” de las eléctricas.

Diferentes estudios han alertado del alarmante incremento de la pobreza energética en España, agravada en nuestro caso por tres factores: la caída de los ingresos a causa de la crisis, el mal estado en que se encuentran muchas viviendas y un aumento sin precedentes del precio de la energía. El recibo de la luz se ha incrementado en España un 52% desde 2008. En las economías familiares que se encuentran en el límite, un aumento de esta magnitud puede abocar al impago y al corte de suministro. Un estudio realizado en 2014 reveló que el 9% de los hogares españoles no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno (entre 18 y 21 grados), lo que afecta a más de cuatro millones de personas.

Estas nuevas realidades exigen de los poderes públicos mayor diligencia para habilitar nuevos instrumentos. Ya en 2009 la UE aprobó dos directivas que instaban a los Gobiernos a aprobar planes contra la pobreza energética. De los 28 países miembros, solo 17 han legislado al respecto. España no solo no lo ha hecho, sino que ha tratado de impedir que otras administraciones lo hagan, por ejemplo, recurriendo un decreto de la Generalitat sobre la materia.

Nos definimos como una sociedad avanzada, y en estas sociedades no se concibe que ciudadanos en situación de exclusión social mueran a causa de la pobreza energética. Quizás el verdadero problema sea ese, el definirnos como una “sociedad avanzada”.

Redacción Marcabrera