ECOTASA. NO SERA POR DINERO...

Desde que en el 2009 fueron transferidas al Govern de les Illes Balears las competencias sobre la gestión del Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, a través de las empresas públicas “Espais de Natura Balear” primero y el “Instituto Balear de la Naturaleza” (IBANAT), este último a partir del 1 de junio de 2013. Entre los objetivos marcados, se propusieron reducir los impactos que el uso público provocaba sobre el medio y a la vez, facilitar el acceso favoreciendo su disfrute, generando una visita de mayor calidad ambiental, o por lo menos ese era el discurso.

En el primer PRUG del Parque (1995), se establecía como capacidad de carga diaria un máximo de 200 visitantes y 300 en agosto para embarcaciones de transporte colectivo (Única forma de acceder al Parque salvo que seas propietario de una embarcación ó la alquiles). Debido al “efecto llamada”, según comentaban los responsables de la gestión del Parque Nacional, el Govern Balear tomó la iniciativa de regular las visitas, estableciendo que las visitas privadas no tendrían límite y aquellas que se efectuaran utilizando embarcaciones de transporte colectivo no superarían los 300 visitantes simultáneos por día.

En el año 2013, para garantizar la protección del Parque, en referencia al  impacto que supone el incremento potencial del 38 % de las visitas en transporte colectivo, el Govern, a través del IBANAT establece como forma de regulación la celebración de un concurso público, que deriva en 6 autorizaciones administrativas₍₁₎, y que adjudica a dos empresas por un total de 175.000 €/año₍₂₎ y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 prorrogable por dos años más hasta el  31 de diciembre de 2018. En cuatro años el Govern Balear recaudará con este “ecocanon” 700.000 €.

Actualmente el servicio de transporte colectivo se lleva a cabo por parte de dos empresas, que ambas, fijan su principal fuente de ingresos en esta actividad, siendo forzadas a elegir entre dos opciones: cerrar sus puertas o concursar. Hay que tener en cuenta también la enorme estacionalidad que soportan ambas, además de la dura carga impositiva corriente, que de por sí, ya hace difícil la subsistencia de cualquier estructura empresarial.

Los planteamientos del Govern Balear eran simples, seis lotes que permiten transportar a 18.250 personas al año cada uno de ellos, a las que se les aplicaba un canon de aproximado de 1,30 € por  cliente. Sin embargo desde las empresas, se manifestaron discrepancias con este planteamiento tan poco realista. Por ejemplo, durante los años de vigencia de los contratos, el coste aproximado asumido por las empresas ha sido de 7,50 € y de 6,00 € respectivamente por cada uno de los clientes. Lo que sumado a la nueva tasa impositiva del IVA y al incremento en las tarifas de Ports de les Illes Balears, supone una repercusión en el billete del 32,67 % del precio.

Ya cuando se declaró al Archipiélago de Cabrera, sus aguas y fondos marinos, como Parque Nacional Marítimo-Terrestre₍₃₎ se estableció como uno de sus objetivos el “contribuir a la investigación científica de sus valores naturales, así como a fomentar las actividades educativas y culturales que permitan un mejor conocimiento de este espacio”. Tanto en el PRUG inicial de 1995, como en el de 2006 se refuerzan estos criterios básicos y se da prioridad al desarrollo de las actividades de uso público, que, sin poner en peligro los recursos naturales, favorezcan el conocimiento y disfrute del Parque por parte de la sociedad y una actitud favorable ante la conservación.

Por ello, y a tenor de lo que implica integrar estos criterios en el entorno socioeconómico de Mallorca y en su propia supervivencia las dos empresas estuvieron de acuerdo en el proceso, aunque no con la cuantía del canon, al entender que así se garantizaba una oferta de calidad acorde con la normativa vigente y entendiendo que las cantidades aportadas iban a ser utilizadas en los objetivos de conservación y uso público reiteradamente manifestados en Leyes, normas y declaraciones institucionales.

Ante la percepción de que este abultado “ecocanon” no era invertido en mejorar la calidad de la visita al Parque, sino que por el contrario, esta se iba devaluando por falta de mantenimiento, reducción continua de personal y la imposición de nuevas tasas para los visitantes, como la de acceso al museo de “Es Celler”, estas empresas han solicitado, sin éxito, en varias ocasiones al Govern el destino final de este “ecocanon”.

También, desde estas mismas empresas, se ha ofertado ser los ejecutores materiales de proyectos de común acuerdo con los gestores del Parque y vinculados a la calidad de la visita y su accesibilidad, esto a cambio del mal usado “ecocanon”, sin tampoco tener respuesta.

En varias ocasiones y al amparo de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, una de las empresas a solicitado ser reconocida como miembro de pleno derecho del Patronato del Parque Nacional, con el objetivo de poder contribuir activamente en su toma de decisiones. El Govern ni siquiera se ha molestado en contestar, dejando la vía judicial como única salida.

Y ahora despertamos con el resurgimiento del fantasma de la “ecotasa turística” en las Illes Balears. Aún asumiendo nuestra responsabilidad en las consecuencias ambientales de nuestra actividad empresarial, tal y como queda reflejado en el primer punto de la Política Ambiental de Marcabrera, estás nuevas “ecotasas” solo nos merecen críticas, porque lejos de servir para reparar el daño ambiental, son una contribución a su empeoramiento, al quedar las necesarias medidas públicas y sobre todo las privadas sepultadas por este afán recaudador por parte de la administración₍₄₎.

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1.- 20 de agosto de 2013. Exp: ENB 03/2012 – IBANAT.

2.- 32.500 €/año para los lotes 1 y 2 y de 27.500 €/año para los lotes 3,4,5 y 6.

3.- Ley 14 /1991, de 29 de abril.

4.- Impuesto sobre el turismo sostenible en Illes Balears.

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