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LAS MULTINACIONALES ESTÁN TOMANDO EL CONTROL DE NUESTRAS DEMOCRACIAS.

En un artículo anterior (23 mayo 2016) comentábamos con todos vosotros nuestra opinión en relación con los intentos de aprobación por el Consejo Europeo de los tratados comerciales con EE.UU y Canadá, conocidos como TTIP y CETA[1], y os trasmitíamos la desconfianza que nos suscitaba porque frente a las grandilocuentes declaraciones políticas se había cubierto sobre las negociaciones una manta de opacidad al declararlas confidenciales, no se podían desvelar el nombre de los expertos que intervenían y estaba prohibido que los acuerdos se hiciesen públicos hasta el momento de su aprobación.

 

A través de las filtraciones gran parte de la ciudanía europea se puso en marcha contra estos acuerdos, ya que en su génesis y bajo el eufemismo “convergencia regulatoria” escondía el objetivo de instaurar un control absoluto sobre los recursos, la producción de bienes y la gestión de los servicios, proporcionándolas un marco legal y jurídico que se sitúa por encima de cualquier legislación local, estatal o comunitaria y de sus órganos judiciales.

 

La presión de la ciudadanía y la entrada en el Parlamento Europeo de nuevos grupos políticos no vinculados a los círculos de poder contribuyó decisivamente a entorpecer la aprobación de estos Tratados de libre comercio.

 

Ahora, desmontado los Tratados, las multinacionales en convivencia con determinados grupos políticos, están intentado reflotar lo único que realmente les importaba de esos Tratados, “la creación de un sistema jurídico exclusivo para las multinacionales, en contra de las leyes democráticamente instauradas en cada país”. A este tribunal ahora lo denominan eufemísticamente “Tribunal Multilateral de Inversiones[2]” y constituye su mejor baza para evitar negociar un tribunal especial para cada tratado entre la UE y otros países, y así evitar el rechazo público cada vez que lo hacen. Sería el equivalente al Tribunal Internacional de Justicia, pero sin justicia ni pueblo, solo para las multinacionales y los inversores

 

Este plan ya es una realidad. McDonald’s ha denunciado al gobierno italiano por bloquear la apertura de un establecimiento en un edificio renacentista situado en el corazón de Florencia. Una empresa minera[3] ha interpuesto una demanda de 4.000 millones de dólares al gobierno rumano por bloquear un proyecto que vertería en suelo rumano suficiente cianuro tóxico como para matar 80 veces a la población mundial.

 

Este sistema jurídico paralelo, permitiría a las multinacionales impugnar cualquier ley que afecte negativamente sus potenciales beneficios. De hecho, la empresa minera no está demandando al gobierno rumano por pérdidas de 4.000 millones de dólares, sino por los beneficios que no se materializarán.

 

Si nuestros gobiernos continúan creando sistemas jurídicos paralelos para las multinacionales, este tipo de demandas en contra de leyes democráticas serán cada vez más comunes y si se expone a los gobiernos a la amenaza de poder ser demandados, empezarán a cambiar su modo de tomar decisiones. Las exigencias de las multinacionales tendrán mucho más peso. Por si fuera poco, todo esto costará mucho dinero, y serán la ciudadanía y el medio ambiente quienes paguen.

 

¿Qué podemos hacer?. Las movilizaciones ciudadanas están surtiendo efecto en muchos países cambiando las decisiones políticas, ahora tenemos una oportunidad en determinadas comunidades civiles como la de “Movemos Europa[4]” que se ha movilizado para mandarles un claro mensaje: ¡no lo permitiremos!.

 

Desde Marcabrera creemos que la respuesta es en unirnos[5] a la lucha de millones de europeos en contra de este sistema jurídico paralelo que da aún más privilegios a las multinacionales e inversores.

 


[1] El TTIP es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, negociado entre la UE y los Estados Unidos. El CETA es el Acuerdo Económico y Comercial Global, un tratado que se ha firmado con Canadá.

[2] La idea es establecer un órgano permanente para resolver los litigios relativos a las inversiones, abandonando el sistema ad hoc de resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS). Este tribunal multilateral de inversiones dirimiría los litigios con arreglo a los tratados de inversión vigentes y futuros. En lo que respecta a la Unión, este tribunal sustituiría a los Sistemas de Tribunales de Inversiones bilaterales incluidos en los recientes acuerdos a escala de la UE en materia de comercio e inversión. http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_trade_024_court_on_investment_en.pdf

[3] Mina de Roşia Montană

 

[4] Movemos Europa es un movimiento ciudadano por una Europa mejor, por una Unión Europea comprometida con la justicia social y económica, con la sostenibilidad ambiental y la democracia ciudadana y participativa

[5] https://act.wemove.eu/campaigns/no-tribunales-corporativos-mundiales?utm_source=civimail-5564&utm_medium=email&utm_campaign=es_20170303#

 

 

Redacción Marcabrera